* La diputada federal del PRD, aseguró que la reformulación al Plan de Desarrollo Urbano, aprobado por el PRI en 2014, promovía los ecocidios y violentaba el derecho a un medio ambiente sano.
CDMX, 10 de octubre.- La secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool, celebró la determinación del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún, de otorgar la suspensión definitiva a las modificaciones hechas al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2014-2030; aprobadas en 2014 por el gobierno del priísta Paul Carrillo de Cáceres, exalcalde del municipio de Benito Juárez.
Ivanova Pool, dijo que esta medida es suficiente para que se castigue a los responsables de la devastación de cientos de hectáreas de flora, fauna y manglar, en proyectos como Malecón Tajamar, Riu Nizuc, Manglares de Nichupté y Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc.
Recordó que en su momento, advirtió que este documento avalado en completa impunidad y en respuesta a intereses de particulares, promovía los ecocidios en Cancún; por lo que llamó al ayuntamiento de Benito Juárez a suspender la emisión de permisos de construcción bajo las densidades que establece actualmente el PDU.
La diputada federal, dijo que esto demuestra que el documento aprobado por la administración municipal del PRD en 2013 respetaba los parámetros ambientales; de ahí que se sumó al llamado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) para que se armonice el PDU basado en los criterios de prevención contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y los tratados internacionales de los que México es parte.
La legisladora del PRD, reiteró el llamado al Senado de la República para que apruebe, la reforma que propuso al artículo 27 de la Constitución Mexicana, y que fue avalada por unanimidad en la Cámara de Diputados, misma que garantizará el derecho a un medio ambiente sano e incorpora los principios generales de derecho ambiental: precautorio, preventivo, de obligatoriedad, para la restauración de daños y de participación informada.