Chetumal.- El tráfico de influencia al interior del Poder Judicial, detuvo una orden de aprehensión contra el magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan García Escamilla relacionado con el presunto desvío de recursos y mal ejercicio del desempeño de la función pública como integrante del Consejo de Administración de la empresa VIPS-Saesa.

Con esto evitó la acción de la justicia, contrario a lo que sucedió con el ex director de la paraestatal, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez quien fuera detenido la semana pasada y este martes vinculado a proceso por el juez en turno y permanecerá recluido en el cereso de Chetumal.

De esta forma, no solamente queda claro que las influencias del magistrado numerario, Juan García Escamilla son mayores al ahora recluido, sino que deja en evidencia nuevamente al Poder Judicial y resurge el poderío que el presidente, Fidel Villanueva mantiene al haber sido uno de los principales aliados al ex gobernador, Roberto Borge Angulo.

Según datos, en la carpeta de investigación, 151/2017, estaba girada una orden de aprehensión por la juez de control del distrito judicial de Chetumal, en contra del magistrado de número, Juan García Escamilla, como coparticipe del delito de desempeño irregular de la función pública; sin embargo de manera repentina mediante una llamada de un «alto mando» la policía ministerial encargada de cumplimentarla fue informada que desistiera.

Esto no solamente deja en claro el tráfico de influencias y el sometimiento de la Fiscalía General, sino también la «chamaqueada» que le dieron a la juez en turno ya que el magistrado numerario, aun goza del fuero constitucional y no puede ser aplicada la orden de aprehensión que liberó con el fin de quedar «bien» con el gobierno en turno en sus fines políticos.

La información recabada señala que Juan García Escamilla, es vinculado con la investigación, por su desempeño como vocal del concejo de administración de VIP -SAESA y su presunta participación directa en la renta y compra fraudulenta de una aeronave a la empresa Aves Flight Share S.A de C.V., por la que se pagó 5.7 millones de pesos que nunca fue recibida.

Deja un comentario