Por: Jesús Amador

Chetumal.- Debido a que fue imputada, vinculada a proceso y sentenciada de manera ilegal, la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, interpuso la mañana de hoy (martes 3 de agosto) una demanda en contra del Estado de Quintana Roo por la actividad irregular que autorizó la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el Poder Judicial del Estado, mediante la cual busca sean condenados para la reparación del daño.

En conferencia de prensa, la ex servidora pública que el año pasado fue absuelta de todo delito, detalló los motivos por los cuales demandó al gobierno de Carlos Joaquín González:
1. La investigación y acusación fue arbitraria, ilegal, tendenciosa, sesgada y politizada realizada en mi contra por la fiscalía especializada encabezada por Rosaura Villanueva, la exposición y exhibición de culpable de mi persona ante la sociedad, de mi persona, incluso de todo el país, incluso hacia el extranjero que realizó la Fiscalía, violentando con ello el derecho a la presunción de inocencia, ya que sin tener una sentencia firme y con el afán protagónico me presentó en sus comunicados de prensa como culpable, estigmatizando con ello mi imagen, mi persona y mis actividades presentes y futuras.

2. La ilegal resolución del auto de vinculación a proceso por el Juez de Control, Gonzalo Miguel Segovia Herrera y que se caracterizó por su falta de competencia, imparcialidad e independencia. También la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta en mi contra por dicho Juez, ya que al imponerla sus fundamentos fueron irracionales, sin sustento, carente de motivación y guiada por el gran temor al poder político.

3. La ilegal sentencia de Primera Instancia, resuelta por Eduardo del Valle García, quien integró el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Estado, quien se caracterizó por su falta de competencia, imparcialidad e independencia.

4. La ilegal sentencia recaída en el recurso de apelación, resuelta por Felipe de Jesús Solis Magaña, Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en materia penal, que se caracterizó por su imparcialidad e independencia.

«Esta es una actividad que se suscitó dentro del proceso y que ahora se sabe fueron ilegales, ya que sobre todas las resoluciones de los jueces locales, se me concedió el amparo y protección del Poder Judicial de la Federación, quien determinó que nunca se cometió el delito de peculado y que los jueces emitieron criterios de carácter subjetivo, sin fundarlos y motivarlos», comentó.

Paula González adelantó que, con su experiencia en el proceso, espera que la demanda proceda y sea admitida, de lo contrario, acudirá a instancias federales.

«Me hicieron muchísimo daño. Me exhibieron como culpable, me estigmatizaron ante la sociedad, me impidieron desarrollarme como antes en mi carrera profesional y el pasar cuatro meses en prisión me generó daños psicológicos. Fue muy doloroso separarme de mi hijo (tenía 8 años de edad)», expresó.

Recordó hacer uso de su patrimonio para enfrentar un juicio de tal magnitud y aseguró que el resultado de su ilegal detención le dejó secuelas y daños psicológicos.

Cabe señalar que el 3 de enero de 2018, Paula González fue vinculada a proceso por el presunto delito de peculado, por un monto de mil 55 millones 999 mil 962 pesos, recursos que la empresa Aguakan depositó el 18 de diciembre del 2014 a la CAPA por la ampliación del contrato hasta el 2053, recursos que el mismo día fueron transferidos a la cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

-Fue muy doloroso enfrentar a un Poder Judicial que dobló las manos ante un hecho catastrófico, carente de fundamento; yo nunca cometí un delito, sólo transferí un recurso al propio Gobierno del Estado. Fue una demanda absurda que increíblemente procedió. Es un error garrafal que en Quintana Roo el Poder Judicial este alineado al Poder político (Ejecutivo), solo así me explico u justifica la prisión preventiva que me impusieron-, abundó.

Vale precisar que el juez, Gonzalo Miguel Segovia Herrera, negó a Paula González pasar en libertad su ilegal presunto proceso legal – valga la redundancia-, por el simple hecho de vivir en una ciudad (Chetumal) donde hay un aeropuerto, hay una terminal marítima o por que la señalada tenía un vehículo para poner huir.

«Hay dos formas de interpretar el actuar de los jueces; por alguna motivación de fuera o de plano su competencia quedó en entredicho», concluyó.

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