Carlos Barrachina Lisón

Quinientas páginas de interesante lectura es lo que nos presenta el Plan Estatal de Desarrollo, que se ha publicado estos días en Quintana Roo. Pierde un poco de fuerza conforme avanzan las páginas y se llega a los ejes referidos a lo social, y al desarrollo sustentable; sin embargo, ciertamente hay un diagnóstico muy interesante y preciso, sobre buena parte de los temas que “importan” en el Estado.

Es éste, un esfuerzo loable, por mostrar las variables relevantes del Estado, y merece la pena que sea leído con calma por todos. Nos encontramos frente a un documento formalmente bien elaborado (con algún error menor), que “oficializa” y “avala” informaciones agregadas de diversas fuentes nacionales; a las que suma unas cuantas aportadas por el gobierno del estado, que enriquecen la información presentada (me ha sorprendido, por ejemplo, que se señale oficialmente que el conocido contrabandista chetumaleño asesinado en el 2015, Ernesto Alonso de Miguel, alias “el español”, era integrante del Cártel de Cancún).

Sin duda, es un buen punto de partida para que los ciudadanos interesados opinemos sobre los diferentes aspectos señalados, y cómo no, para que tengamos un indicativo de cuáles son las principales líneas de acción de la actual administración.

Han surgido algunas críticas que señalan que éste es uno más de los ejercicios propagandísticos que nos regalan los gobernadores al inicio de su sexenio. Una declaración de buenas intenciones, destinada a no ser cumplida. En mi opinión, esa circunstancia no queda tan clara. So pena de pecar de ingenuo, o de desear con mucha intensidad que llegue el cambio político al Estado, creo que lo que se abre es una gran interrogante.

El gobierno del Estado, o la consultora que contrataron, ha realizado un diagnóstico bastante correcto de los principales problemas de la entidad, y está indicando un camino, que pretende obtener “resultados”. Discrepo de alguna de las líneas de acción que se señalan, y de las que me puedo considerar un conocedor, como de la meta que una prisión local sea certificada por la Agencia de Correccionales de los Estados Unidos (ACA en sus siglas en inglés), porque conozco el trasfondo “comercial” que se encuentra tras esta certificadora; y posiblemente otras personas, conocedoras de otras líneas propuestas, puedan hacerlo de otras políticas señaladas. Sin embargo, eso no quiere decir que el instrumento no sea válido. Si sólo cumplieran con un porcentaje moderado de las medidas señaladas, sin duda, la calidad de la gobernabilidad en el estado mejoraría mucho.

El informe inicia con mal pie. Dedica varias cuartillas a señalar que el Plan de Desarrollo, es producto de la participación ciudadana, recordando los eventos que se hicieron en Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún; y concretando un número de iniciativas ciudadanas analizadas. Los conocedores de la política estatal, sabemos que ese ejercicio fue una simulación; y que el resultado de una consulta menor, mal organizada, no ha sido relevante para la conformación de este ejercicio. ¿Qué necesidad tienen de cometer un error tan infantil? Lo único que consiguen es que nuestra interrogante sobre la voluntad de cumplir, aumente negativamente de forma exponencial, y que las críticas tengan un sentido bastante razonable.

El Plan de Desarrollo no plantea medidas sobre cómo integrar la participación ciudadana, que señalan para ellos es tan importante. Tampoco concretas líneas, a pesar de haberse comprometido en campaña, sobre cómo combatir la posible corrupción (lo que parece que es patrimonio exclusivo de anteriores administraciones). Ciertamente no se aborda el tema de los medios de comunicación, la libertad de expresión, o la socialización de la información por parte del Gobierno. Eso, hace desconfiar sobre la voluntad real de integrar las diferentes sensibilidades sociales; y la ciudadanía en general, en el escenario de la toma de decisiones, como se señala con tanto énfasis al inicio del documento.

Me alegro particularmente de que se señale en el diagnóstico, el conflicto limítrofe con Campeche y Yucatán; sin embargo, no se encuentra ninguna línea de política desarrollada en relación a este aspecto, lo que o es un error, o una muestra de falta de voluntad real. También me gusta que se señale la importancia de reactivar económicamente al sur del Estado; sin embargo, algunas de las políticas, como el tren entre Cancún y Chetumal, o la propuesta de crear una “Ciudad Administrativa Gubernamental” en la capital del estado, son viejas ideas, que desde la administración de Joaquín Hendricks se han arrastrado, sin ningún desarrollo positivo.

Aunque parezcan muchas páginas, es evidente, que todo no puede ser comprendido en las mismas. Se presentan las opciones privilegiadas por esta administración. A algún lector pudiera parecerle que el discurso del texto es frío, políticamente correcto, y destinado a cubrir todos los flancos de que deben ser abordados, sin el verdadero interés de que las medidas señaladas sean implantadas.

Yo prefiero abrir un interrogante, para luego tener las herramientas para evaluar si se cumplió o determinar qué hay que reclamar. Tampoco hay otra opción porque la administración ha sido electa por un sexenio. Hace meses que CJ tenía que haber presentado un programa de Gobierno; y por fin, aunque no sea exactamente lo mismo, y esté obligado por la legislación, ha presentado su Plan de Desarrollo.

La mala elección de buena parte de los funcionarios de primer y especialmente de segundo nivel, y la evidencia de los grupos de poder informal que se encuentran tras el Gobernador, me hacen desconfiar de forma muy seria de las buenas intenciones, y sobre todo de la capacidad para llevar a cabo con acierto las acciones. A pesar de ello, el buen diagnóstico publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, es una buena herramienta para que estos funcionarios hagan lo mejor posible su trabajo. Por esa razón prefiero mantener el interrogante, y encomendarme a que existe la posibilidad de un cambio real en la dinámica política estatal.

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