Jesús González
Por presunta malversación de 10 millones de pesos propiedad del ejido Calderitas, fue creado un comité investigador, para determinar la posible responsabilidad del presidente del comisariado ejidal, Álvaro Alonso Angulo.
Esto fue acordado durante la asamblea ejidal del pasado domingo, la cual fue realizada fuera de la casa ejidal porque aun y cuando el presidente del comisariado recibió la orden del Tribunal Unitario Agrario número 44, mantuvo cerrada las instalaciones para intentar boicotear la reunión que estuvo presidida por representantes de la Procuraduría Agraria (PA).
Entre los señalamientos contra el comisariado ejidal está el haber incorporado al ex funcionario “borgista”, Rubén Ortiz Luis, al ejido de Calderitas, para concretar la enajenación de 20 hectáreas de terrenos aledaños a la Sabana de Chetumal; el destino de 1 millón de pesos que la SCT entregó como pago de empleo temporal que no entregó, además de falsificar firmas de los supuestos beneficiados.
El representante ejidal, Víctor Manuel Medina Montejo también detalló que Álvaro Alonso Angulo se adjudicó 2 millones y medio de pesos aportados por los habitantes de la Colonia Mártires Antorchistas, que pese a ser recaudados no fueron entregados al núcleo agrario.
Entre las ultimas anomalías denunciadas sobresale la construcción del camino “saca cosechas” Punta Lagartos- La Bocana donde devastaron mangle y otras especies protegidas y fue gracias la clausura de la Profepa cuando descubrieron que pretendía delimitar 600 lotes para luego venderlos; lo que a la postre ocasionó una multa de más de 3 millones de pesos por la dependencia federal.
A un mes de finalizar su gestión como presidente del comisariado de Calderitas, Álvaro Alonso Angulo ha sido señalado por una serie de anomalías al interior del núcleo agrario, apoyado por incondicionales, y ante la constante petición de un sector de comuneros fue creado este comité que será el encargo de investigar los señalamientos y la presunta malversación de recursos y bienes del ejido por un monto de 10 millones de pesos.
Ojalá las autoridades correspondientes investiguen, y se proceda con forme a derecho, para que aquel que aspira llegar al puesto de comisariado trabaje por el bien y la prosperidad del ejido y no esté pensando en robar.