Por: Jesús Amador

Chetumal.- Desde hace varios años Quintana Roo viene trabajando en leyes para legalizar el aborto y penalizar la trata de personas, pero se han olvidado de reglamentar el «uso de vientres o madre gestante subrogada», un lucrativo negocio que crece como la espuma en ciudades turísticas de la zona norte de la entidad y que desafortunadamente no han reglamentado.

La crisis económica provocada por el Covid-19 ocasiona que algunas femeninas oferten a través de las redes sociales la renta de sus vientres, un redituable negocio que hasta el día de hoy es considerado ilegal o clandestino en la entidad.

En la actualidad, Tabasco ( desde el año del 2015) y Sinaloa son los únicos Estados mexicanos que legalmente avalan la renta de vientres, madre gestante sustituta o madre gestante subrogada. Mientras que en la CDMX sólo regulan los derechos de filiación de padres intencionales, cosa contraria ocurre en Coahuila y Querétaro donde lo tienen prohibido.

Hasta la fecha Quintana Roo muestra pasividad sobre el tema, a pesar que corre el riesgo de convertirse en la principal «granja» de renta de vientres en el país tomando en cuenta los cada vez más constantes anuncios que aparecen en las redes sociales, aunado a lo que ocurrió hace casi una década en Cancún donde se descubrió cómo operaba una red internacional de tratas de blancas con la renta de vientres, quienes utilizaban la clínica Galenia para inseminizar a las «madres gestantes subrogadas».

De hecho existe la teoría de casos recientes registrados en Playa del Carmen y Cancun en que a mujeres embarazadas les han sacado su bebé para llevárselo, los cuales están relacionados a este tipo de acuerdos clandestinos que salen mal, en el que la madre sustituta se echa para atrás o pide más dinero, lo que demuestra el enorme riesgo para las personas implicadas y los momentos traumáticos en la vida de todos, especialmente los bebés.

Es urgente que las instituciones regulen o estipulen sanciones económicas o penales sobre tal situación porque de lo contrario se corre el riesgo que en el futuro se compliquen las cosas, como  ocurre con el tema del aborto y la adopción. Porque de continuar al libre albedrío, quién regulará este tipo de arreglos? Quién decidirá si ese bebé no será concebido con otros fines? Quién daría fe de que quienes las contratan no harían usos perversos de las criaturas o peor ya depositado el embrión la dueña del vientre se da la vuelta?

Resulta obvio que por su vocación turística Quintana Roo debe aprobar una ley sobre la materia, eso permitiría disminuir el riesgo que bebés sean sacados del país por extranjeros y residentes, los cuales, por cierto, en la actualidad es muy alto.

¿Será el tiempo idóneo para que instancias estatales dedicadas a la atención de la mujer trabajen para crear el marco legal para la renta de vientres en Quintana Roo?

¿Qué opinión tendrá la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en la XVI legislatura del Congreso de Quintana Roo al respecto?

Tiempo al tiempo…

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