Por: Jesús González
Chetumal.- Por el presunto encubrimiento hacia funcionarios del ayuntamiento de Bacalar y de la pasada administración, regidores de esa demarcación preparan una controversia constitucional contra el presidente municipal, Alexander Zetina Aguiluz; por lo que hoy presentaron ante el Congreso local un documento donde solicitan nuevamente su intervención en el caso.
Esto, luego que semanas atrás acudieron al Congreso local seis regidores de la comuna de Bacalar para solicitar auditen las cuentas públicas de la pasada administración, debido a la sospecha que tienen de un encubrimiento del presidente municipal, Alexander Zetina Aguiluz de malos manejos.
Ante la negativa del alcalde de Bacalar de destituir del cargo al secretario general, Guillermo Tun, el tesorero Juan Borge Chim y de la directora de Egresos de ese ayuntamiento, Claudia Balam Güemes, regidores y regidoras de esa demarcación acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar la controversia referida.
Está contemplado que el miércoles las regidoras Oneyda Cuxím Irigoyen, Candita del Rosario Ku Loria, Justina del Pilar Cen Padilla así como los concejales, José Melchor Ávila, José Antonio Viveros Ayala y Miguel Ángel Ferral Medrano, en conferencia detallen los alcances del recurso que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se supo que en el documento entregado a oficialía de partes del congreso local, recordaron que durante la sesión de cabildo del pasado 1 de abril del presente año por mayoría de votos acordaron solicitar la destitución de los funcionarios antes mencionados y en su lugar propusieron a Franklin Rosado para la tesorería municipal y Pedro Antonio Tun en la dirección de Ingresos.
Sin embargo a la fecha el alcalde no ha procedido con el mandato del Cabildo violando la ley y se presume que lo realiza para proteger a estos funcionarios y los de la pasada administración; asimismo estos no han proporcionado los informes financieros que solicitaron y por ende han incurrido en diversas faltas administrativa e incluso no descartan de índole penal.