Por Guillermo Miranda
Bacalar.- Luego de que la Secretaria de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial ordenará a su instancia local una medición del predio denominado Monte Águila propiedad de Osvaldo Correa, así como de los predios aledaños denominados fracciones 3, 4 y 5 de «5 Hermanos», el teatro se le está viniendo abajo al «terrateniente» alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quién aprovechando su investidura trata de apropiarse o facilitar su venta ilegal de predios situados a la orilla de la laguna.
La SEDATU, a través de un oficio cuya copia está en poder de este medio de comunicación, ordena una nueva medición al detectar que en los terrenos nacionales Catastro Municipal de Bacalar fraccionó y delimitó nuevos predios o lotes otorgando cédulas catastrales y planos para facilitar su comercialización ilegal.
Está nueva medición se genera por los famosos traslapes que se han dando misteriosamente en esta administración municipal y dónde mediante juicios de despojo en contubernio con el Poder Judicial del Estado arrebatan el patrimonio familiar a sus legítimos propietarios, más ahora que el proyecto presidencial del Tren Maya pasará paralelamente a los predios situados a orillas de la Laguna de Bacalar y la propia vía carretera Cancun-Chetumal
Uno de los afectados y socio de Don Osvaldo Correa, Samuel Huicab se mostró complacido pues en un acto de estricto apego a derecho, es la SEDATU quien ordena la nueva medición y clarifique las medidas sobre todo por el predio que los tiene en litigio de 170.4 hectáreas denominado Monte Águila, por la demanda de despojo interpuesta por Gustavo Rodríguez Elizarraras por la supuesta invasión de la Fracción 3 de 5 Hermanos cuyas 70.4 hectáreas se encuentran mañosamente según Catastro Municipal de Bacalar trasladada dentro de Monte Águila, según el plano que utilizó como prueba ilegal para desalojar a Samuel Huicab y a Osvaldo Correa de su propiedad, en contubernio con el Poder Judicial del Estado.
Una agravante más que refleja la corrupción es que la Fiscalía General del Estado utilizó todo su poder para el desalojo contando solo con una simple orden judicial de verificación del conflicto como pretexto para sacar por la fuerza a sus legítimos dueños y colocar los sellos de clausura para que nadie pueda ingresar, mientras en el Poder Judicial estatal fabrican una sentencia favorable a Gustavo Rodríguez Elizarraras, quién ya tiene un contrato de compraventa de su predio a una ciudadana francesa, a pesar de ser una Área Natural Protegida (ANP).
Luego de realizarse citada medición, es casi un hecho en que el Poder Judicial Federal determine que sus legítimos propietarios de Monte Águila tomen posesión de sus 170.4 hectáreas cuyo valor rebasa los más de 500 millones de pesos, que es la verdadera ambición de Alexander Zetina Aguiluz y su pandilla quienes mañosamente fabrican cédulas catastrales, planos, cartografía de predios codiciados en la ciudad de Bacalar y a la orilla de la Laguna de Bacalar hasta su límite con el ejido Buenavista.
Samuel Huicab señaló toda la gente que tiene su terreno y que debido a las argucias ilegales fueron desalojados injustamente ya deben de ocupar sus predios y la autoridad municipal debe ceder en su intentona de ampliar la ambición del malogrado terrateniente Alexander Zetina.
Esta orden de medición federal es el antecedente perfecto para demostrar que le asiste la razón jurídica y legal a Osvaldo Correa propietario de las 170.4 hectáreas de Monte Águila y el precedente legal para que otros pequeños propietarios de lotes a la orilla de la Laguna de Bacalar y que están igual a un costado de la ruta del Tren Maya puedan recuperar sus terrenos, donde se demuestra que la autoridad municipal no puede estar por encima de la autoridad federal como la SEDATU en cuanto a terrenos nacionales se refiere.