Carlos Barrachina Lisón
La situación de inseguridad y violencia de “baja intensidad” en el norte del estado de Quintana Roo no es una noticia nueva. Todos los conocedores del estado saben que el derecho de piso en Playa del Carmen es algo rutinario; que la presencia del crimen organizado está muy arraigada en el norte del estado, y que existe unos niveles de corrupción y de ineficiencia en las corporaciones policiales muy preocupante.
Se contaba con una especie de pacto, para que entre todos se cuidara la plaza. Ni a unos, ni a otros les interesa un nuevo Acapulco. La inseguridad aleja el negocio. Entonces qué ha pasado este lunes y martes de enero del año 2017. ¿Un explícito y ruidoso ajuste de cuentas en Playa? ¿Un ataque casi suicida a una institución de seguridad, seguido por una aparatosa persecución reactiva que agrandó el pánico social? ¿Está el crimen organizado tratando de llamar la atención; o de plano han iniciado una guerra contra el Gobierno estatal?
A ciencia cierta no sabemos lo que ha pasado, porque el gobierno del estado, ha reaccionado de forma precipitada, poco profesional, y no ha explicado la situación. Pocos son los que sinceramente le dan un margen de credibilidad a las explicaciones de la autoridad estatal. Éstas no han servido para dar tranquilidad, ni para responder con claridad y certeza a la pregunta de a qué responde este brote de violencia. Por si fuera poco, el Gobernador, anticipando problemas futuros ha anunciado que reclama la presencia de fuerzas federales, lo que contribuye a que se agrave el estado de alerta ciudadana, porque se transmite la idea de que estos hechos no van a ser puntuales, ni que vayan a acabarse pronto. Tampoco entendemos a qué se refiere por fuerzas federales. ¿Vamos a contar en Cancún y Playa con más elementos del ejército y la marina en las calles? ¿Contribuirá su presencia visible a la percepción de tranquilidad de los habitantes de la zona norte del estado, así como a la de los turistas? ¿Han tenido éxito estas acciones en otras zonas de la República?
El día de hoy el estado de Quintana Roo es noticia internacional por la presencia y la violencia del crimen organizado. Las campañas que han circulado en las redes, en las que se enfatiza la idea de guardar silencio, mirar a otra parte y confiar en las instituciones, no sirven de nada. Hoy existe preocupación muy seria en embajadas de todo el mundo, especialmente de las que tienen ciudadanos visitando el destino; y toda la prensa nacional e internacional se hace eco del “pánico” que se generó en Cancún y en Playa del Carmen.
Hubo voces en la campaña previa al 5 de junio que señalaban que Quintana Roo no contaba con capacidades para garantizar la seguridad. Se señaló la importancia de negociar con fuerzas federales, para que se encargaran, “discretamente” y sin hacerlo evidente del crimen organizado. La inteligencia y la acción preventiva y silenciosa es clave en este tipo de situaciones. Se insistió en aprovechar este período para fortalecer la institucionalidad de la policía estatal y de las municipales. En lugar de seguir esta estrategia, que nos hubiera permitido contar con instituciones locales sólidas en un periodo mediano de tiempo, los grupos económicos aliados del gobernador Carlos Joaquín, insistieron en que la solución de todos los problemas era la inversión en video vigilancia, y tecnología de punta. A estas alturas sólo se me ocurren dos explicaciones. La tecnología es costosa y algunos grupos económicos en lugar de pensar en el bien del estado, piensan en sus negocios; y en segundo lugar, el objetivo no fue gestionar de forma eficiente la seguridad pública, sino utilizar esas tecnologías para continuar con las políticas de espionaje político y control social. Ello explica la lucha de Juan de la Luz, que acabó controlando el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, y el Centro de Comando y Control (C-4); contra Miguel Ramón Martín Azueta, que perdió el pulso, al ser descabalgado de la Secretaria de Gobierno por el panista Francisco López Mena. Una vez más las intrigas de los grupos, le han dado en la torre al objetivo para el que el gobierno debería servir: el bienestar ciudadano.
A pesar de esta situación tan compleja, y del golpe mediático tan serio que ha sufrido la imagen del destino turístico, todavía el Gobernador está a tiempo de salir airoso, si tiene la capacidad y la voluntad, para encauzar esta situación. Si sigue improvisando y reaccionando de la misma forma, los grupos del crimen organizado, se darán cuenta de la debilidad estatal, y buscarán negociaciones muy desfavorables para los intereses del estado, a cambio de no reventar de forma mucho más seria la situación. A día de hoy la estrategia operativa pasa por un Secretario de Seguridad pública que a todas luces fracasó en su gestión en el municipio de Solidaridad, y con la presencia de varios militares retirados al frente de significativas corporaciones locales. Por si fuera poco, recientemente se ha “contratado” a un general con experiencia en Seguridad Pública, para coordinar de forma operativa a las diferentes corporaciones. ¿Quién está entonces al frente de la seguridad estatal? Tanto jefe, y tan pocos policías de base capacitados y motivados, no invita a pensar que la eficiencia será mayor.
Lamentablemente el estilo de gobierno mostrado hasta la fecha no invita a ser muy optimista. La resistencia a realizar cambios necesarios en un equipo de trabajo a todas luces ineficiente (que ni con los evaluadores más “barcos” pudiera acreditar su capacidad), es evidencia de inmovilismo y de unas autoridades que prefieren la técnica del avestruz como método de sobrevivencia.
Si no hay un cambio de rumbo, se antoja muy largo este periodo gubernamental.
Lamentablemente, serán los quintanarroenses y el destino turístico los que acabarán pagando los platos rotos y sufriendo las consecuencias.