CHETUMAL, 25 de octubre.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a cargo de Harley Sosa Guillén, emitió una medida precautoria/cautelar hacia la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Benito Juárez con el fin de que se respeten los derechos humanos de las personas que son objeto de las verificaciones conjuntas entre SINTRA y Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez.
Esta medida obedece a la documentación de quejas y denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación local, sobre presuntos agravios a los derechos humanos de personas que ofrecen servicios de transporte de pasajeros en la ciudad de Cancún. De manera particular, este fin de semana se abrió una queja de oficio que quedó asentado bajo el expediente VG/BJ/367/10/2016, luego del conocimiento de un video en Twitter, en el que se denunció presuntas amenazas e intimidación a un operador de la empresa denominada UBER en uno de estos operativos.
En la información preliminar de esta queja se advierte que inspectores de SINTRA, en conjunto con agentes de la Policía de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez han realizado operativos de verificación de documentos legalmente necesaria, en las que se ha presuntamente incurrido en detención de vehículos y choferes que ofrecen servicio de transporte de pasajeros, ocasionando daños en sus unidades de trabajo, y en algunos casos haberlos amenazado con armas de fuego, o haberlos agredido físicamente, causándoles lesiones de consideración.
De igual forma, se denuncia que en el momento de realizar las verificaciones mencionadas, inclusive han llegado personas civiles para agredir físicamente a los operadores, actos que han sido presenciados por las autoridades y que no obstante, han caído en omisiones para evitar estas agresiones.
Si bien la SINTRA tiene como facultades la verificación de la legalidad del transporte público en la entidad, a la cual esta comisión no se opone, es de observarse que dichas acciones se tienen que hacer en el marco del respeto de los derechos humanos, cuidando en todo momento la integridad de las personas.
Por tal motivo el organismo ha solicitado a las instancias aludidas anteriormente, a que informen sobre esos hechos.
No obstante que se dio un plazo de cinco días para rendir el informe, la Comisión de Derechos Humanos emitió la medida precautoria que deberá ser respondida en máximo tres días a partir de su notificación, para que en tanto se investiga, se tomen todas las medidas necesarias a efecto de que las y los inspectores de SINTRA y los agentes de la policía municipal, eviten agredir, amenazar, intimidar o realizar acciones fuera del marco legal en contra de las personas que son objetos de la verificación, además de indicárseles a dichos funcionarios públicos que tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, así como la integridad física de dichas personas.
Asimismo como parte de la medida se pidió al Municipio de Benito Juárez, indicar a los agentes de la policía de seguridad pública municipal, que deberán evitar que las personas que ofrezcan servicio de transporte de pasajeros, sean víctimas de agresiones físicas o daños a sus vehículos por parte de personas civiles, debiendo actuar sancionando al momento tales actos; además de hacerle de su conocimiento a dichos agentes que la omisión del cumplimiento de su deber conlleva de igual forma a una responsabilidad legal.