Por: Guillermo Miranda

Bacalar.- Luego de que en febrero pasado el propietario de un Área Nacional Protegida (ANP) solicitará el auxilio de la fuerza policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a quienes acusó de ser paramilitar, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU) dio a conocer los planos en los cuales se demuestra la equivocación o corrupción que impera en el gobierno de Alexander Zetina Aguiluz.

Cómo se recordará todo esta pugna se originó en la década de los 90’s por la disputa de tierras nacionales entre los ciudadanos Gustavo Rodríguez Elizarrarás y Juan Osvaldo Morales Correa por 170.4 hectáreas que se ubican a un costado del ejido Buenavista y cuya superficie se volvió un botín político y económico por colindar con la carretera federal y la Laguna de Bacalar, ahora que el Tren Maya pasará por la vía Chetumal-Cancún.

Esta disputa derivó de un extraño apoyo hacia Gustavo Rodríguez Elizarrarás por parte del gobierno de Zetina Aguiluz, quien agarró parte de estas 170.4 hectáreas –aproximadamente 69.9 h- para titular a su nombre y después reclamar una invasión que terminó con un desalojo a cargo de la policía municipal del ayuntamiento de Bacalar, sin que mediara orden de juez alguno.

El tercer interesado, Samuel Huicab quien compra las tierras a Juan Osvaldo Morales Correa, es el afectado al ser desalojado por la policía municipal de toda la superficie de 170.4 hectáreas y no de las 69.9 hectáreas que ocupa un Área Nacional Protegida (ANP) titulada a nombre de Gustavo Rodríguez Elizarrarás y no tiene colindancia ni a la Laguna de Bacalar ni a la Carretera Federal, por encontrarse el polígono dentro de las tierras propiedad de Samuel Huicab.

La corrupción de parte de autoridades del Ayuntamiento de Bacalar es eminente, ya que hicieron planos a modo para favorecer a Gustavo Rodríguez Elizarrarás en este conflicto, el cual parece llegar a su fin, luego que la SEDATU ratificara las medidas de los predios mediante los cuales se establece la “injusticia” cometida por parte de quienes con el uso de la fuerza pública desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab.

Un dato curioso es que precisamente el predio denominado «5 Hermanos» no tiene títulos otorgados por el gobierno federal, sino escrituras avaladas por el Ayuntamiento de Bacalar y registradas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) por sus diferentes fracciones que han sido vendidas, pero que ante la SEDATU no aparecen como tal, de acuerdo a los documentos en poder de este medio de comunicación.

Entrevistado al respecto, Samuel Huicab dijo que todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo del predio conocido como «Rancho Monte Águila», que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.

La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 del Rancho «5 Hermanos» , orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011, supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.

En aquel entonces, la propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.

Según el Ayuntamiento de Bacalar, mediante el oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredd.

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