Por: CDH

CHETUMAL, 18 de septiembre.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que dirige Harley Sosa Guillén, emitió la recomendación número 12 del año, en esta ocasión dirigida a la Secretaría de Salud estatal con motivo de la negación de servicios a una paciente infectada con VIH, debido a su calidad migratoria como turista en el país.

De acuerdo a los hechos contenidos en el expediente de queja VA/SOL/049/03/2015, en febrero del año 2015, el área de los Servicios de Atención Integral del Hospital General de Playa del Carmen le negó la atención que le debía proporcionar a una paciente infectada con el VIH. La autoridad alegó que las normas y manuales no contemplan que se pueda dar tratamiento atirretroviral a pacientes de origen extranjero que se encuentran dentro del país con un Permiso de Turista. Aún que la persona tenían una Póliza del Seguro Popular que le daba el derecho a ser atendida como a todo paciente con VIH, hasta por noventa días.

La negación de la atención médica de que fue objeto la quejosa le causó una deficiencia en la atención integral que debió recibir, como portadora del VIH. Cuando el Estado Mexicano le había garantizado ese derecho al expedirle una Poliza de Seguro Popular, por su condición de migrante.

Derivado de lo anterior, se tuvo por acreditado el hecho violatorio denominado “Negativa o Inadecuada Prestación de Servicio Público Ofrecido por Dependencias del Sector Salud, en agravio de la quejosa, toda vez que se le afectó en sus derechos a una adecuada atención en su salud.

La recomendación dirigida a la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo, incluye diversos puntos como la inscripción a la ofendida al Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo; un procedimiento administrativa en contra de la titular de la Jefatura de Epidemiología del Hospital General de Playa del Carmen; ofrecer una disculpa privada a la víctima; instruir al personal adscrito a la dependencia citada para que realicen su trabajo apegados a la legalidad, imparcialidad y eficiencia; diseñar e impartir al personal un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos.