Jesús González
CHETUMAL, 15 de noviembre.- Por presunta venta ilegal de superficie territorial propiedad de la reserva estatal, el Gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el ex gobernador de la entidad Roberto Borge Angulo y demás personas que resulten responsables, entre los que sobresalen funcionarios de su administración.
Esto fue dado a conocer primero en conferencia de prensa en la ciudad de México por el secretario de la Función Pública, Rafael del Pozo Dergal y ratificado en entrevista posterior por el mandatario estatal, Carlos Joaquín González; ambos aseguraron que nadie estará por encima de la ley y se esperan sanciones contra los responsables del daño patrimonial hacia Quintana Roo.
Además del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo quien en su carácter de presidente del Comité de Patrimonio Estatal tuvo responsabilidad directa, sobresale la ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública Claudia Romanillos Villanueva como presunta responsable de realizar enajenación de predios propiedad del estado a dominio privado.
Estas anomalías fueron detectadas proceso de entrega-recepción, por lo que Rafael del Pozo Moral dijo que existen elementos para presentar la denuncia debido a que no fue respetada la normatividad para la venta de estos predios, además que fueron ofertados a mínimos precios, en algunos casos apenas el 1 por ciento de su valor real en el mercado.
Fueron 9 mil 500 hectáreas de tierra de patrimonio del estado que fueron vendidas a particulares en diversos municipios del estado y adquiridas en muchos de los casos por familiares o socios comerciales del ex mandatario Roberto Borge Angulo.
Según la comparativa expuesta durante la rueda de prensa, las 9 mil 500 hectáreas vendidas equivalen a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún así como 24 veces el área geográfica de Isla Mujeres y precios mínimos y sin el procedimiento legal respectivo.
Dentro del daño patrimonial está contemplado que equivale a un 7 por ciento la superficie que poseen en el municipio de Bacalar, 10 por ciento de Felipe Carrillo Puerto, así como el 20 por ciento de Tulum y el 23 por ciento de la isla de Cozumel; siendo los más afectados los municipios de Benito Juárez con un 36 por ciento de su superficie vendida, Solidaridad con el 52 por ciento y Puerto Morelos más del 60 por ciento.
También el secretario de la Función Pública dijo que dentro de las denuncias presentadas solicitan a las autoridades respectivas que investiguen la procedencia de los recursos económicos de las personas relacionadas con la compra de estos predios, porque existe una relación comercial de sociedad en una empresa naviera que ofrece transporte en la entidad (barcos Caribe) y donde adquirieron tres barcos con un valor superior a los 7 millones de dólares.
Rafael del Pozo Moral, sentenció que en Quintana Roo, nadie está por encima de la ley y que estas denuncias son parte de las acciones que realizan para recuperar el patrimonio del Estado que durante la administración de Roberto Borge Angulo fueron dilapidados y confió en que las autoridades respectivas cumplan con su labor.
Respecto al tema el gobernador del estado, Carlos Joaquín González adelantó que estas son las primeras denuncias penales que esperan realizar contra quienes resulten responsables por afectar el patrimonio de la entidad y detalló que al haber sido superficies en algunos casos que están como reservas naturales era necesario dar parte a las autoridades federales como es la PGR.
Refirió que esperan seguir obteniendo más pruebas en relación a los malos manejos de la pasada administración y explicó que las denuncias respectivas fueron presentadas hasta ahora porque necesitaban tener todos los elementos para poder presentar pruebas fuertes y que los expedientes estén bien integrados para tener como fin las respectivas sanciones a los responsables.
Sobre la posible solicitud de una alerta migratoria contra su antecesor, el gobernador del estado dijo que dejará que las autoridades responsables lleven a cabo lo que a derecho corresponden y que darán seguimiento puntual a este tema en lo que preparan las demás acciones legales.