Bacalar.- El nuevo recinto fiscalizador que se instala ya en la zona sur de Quintana Roo podría estar condenado al fracaso, al no permitir la entrada directa de empresarios locales de Bacalar y Othón P. Blanco, en la adquisición de los lotes ubicados dentro del perímetro del parque industrial y convertirlos en simples arrendatarios o subcontratistas de servicios, por lo que se exhorta a las autoridades a cambiar este esquema que solo traerá incertidumbre y corrupción.
Dijo la candidata a diputada federal por el distrito 02, Patty Palma Olvera, al exhortar a la Secretaría de Economía del Estado a transparentar estos “esquemas financieros”, ya que los empresarios locales necesitan certidumbre, bondades hacendarias y seguridad para invertir su dinero en negocios rentables, que incrementen las fuentes de empleo y fortalezcan la economía.
Si no se fortalece la participación de los empresarios locales el Recinto Fiscalizador estaría condenado al fracaso, precisó durante su gira de trabajo en Bacalar, donde la gente demanda empleos y ser parte de los proyectos productivos para el sur de la entidad.
Señaló que todo proyecto económico para reactivar el parque industrial de Chetumal debe privilegiar a los empresarios locales del sur del estado y condicionar a los inversionistas de otras partes del país y del extranjero a domiciliar sus impuestos en Othón P. Blanco, a no subcontratar sino ser patrones directos para que los trabajadores tengan todas las prestaciones que por ley les corresponde.
Patty Palma indicó que los empresarios chetumaleños han denunciado que a través de una empresa nacional que ya funciona como inmobiliaria y les rentarán los espacios a todos aquellos interesados en participar para armar sus bodegas o instalaciones –fábricas- para los distintos negocios que se permitirán según el régimen autorizado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que el compromiso es trabajar con la autoridad local para que cambie este esquema y se dé certidumbre a la inversión local.
El Parque Industrial Quintana Roo con Recinto Fiscalizado Estratégico que se construye en terrenos propiedad del Gobierno del Estado, está proyectado en una superficie 300 hectáreas para impulsar nuevas inversiones y no desalentarlas con la colocación de una inmobiliaria que comercialice los terrenos y otorgue las dádivas a funcionarios locales es la denuncia que han hecho empresarios chetumaleños.