Por: Jesús González
Chetumal.- Además de las acciones administrativas que se aplicarán por diversas omisiones, la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) mantiene seguimiento en cuanto a las denuncias penales hechas contra ex funcionarios de Capa, VIPS-Saesa, Ipae y Sesa por presunto daño al erario por más de 2 mil 990 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016, en lo que fueron los últimos 9 meses de gobierno de Roberto Borge Angulo.
Manuel Palacios Herrera, auditor superior del estado durante esta semana acudió al congreso local para detallar los informes entregados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de las dependencias restantes y donde surgen omisiones y anomalías que derivaron en su momento en denuncias penales, aunque como parte del procedimiento debe ser aprobados los dictámenes por el Pleno e indicar a la Aseqroo la acciones a seguir.
En el caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la afectación a los recursos públicos fue de 506 millones de pesos derivado de un empréstito solicitado al Congreso local en el 2016 (XIV Legislatura) pero que no existe registro de utilizarlo para el fin solicitado; tres ahora ex funcionarios han sido denunciados directamente como presuntos responsables.
En VIPS-Saesa, la afectación fue de 619 millones de pesos por supuestos vuelos contratados que no fueron realizados y están bajo investigación 10 ex funcionarios; la Secretaría de Salud, registró desvíos de recursos por el orden de 332 millones de pesos por la presunta compra de equipo médico no encontrado, trabajos de impermeabilización y adquisición de equipo informático.
El mayor daño al erario fue realizado en el desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) por el orden de mil 444 millones de pesos por la venta de predios muy por debajo de su valor real, son cuatro es funcionarios que enfrentan cargos por esa acción.