Por: Cámara de diputados
Ciudad de México, 15 de septiembre.- La diputada federal del PRD, reconoce la voluntad política de la XV Legislatura para revocar el paquete de impunidad y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.La secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool, reconoció a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por negarse a avalar el proceso de refinanciamiento de la deuda pública por hasta mil 30 millones de pesos al gobierno del Municipio de Solidaridad, y con ello hacer respetar la Constitución y la Ley de Disciplina Financiera.
La diputada federal del PRD, aseguró que con esto, el Congreso de Quintana Roo está obligado a revocar la autorización que la pasada legislatura otorgó a ese municipio, y emprender junto con la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de los recursos federales que ha recibido Solidaridad desde el año 2011, durante las gestiones de Filiberto Martínez Méndez, Rafael Kantún Ávila, Mauricio Góngora y Rafael Castro Castro, por la mala aplicación y probable desvío de recursos.
Recordó que a finales del mes de agosto, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo, que la propia legisladora promovió desde junio pasado, para no permitir la inscripción de más deuda pública para los estados y municipios del país; por lo que consideró que la medida aplicada por la federación fue la correcta.
Ivanova Pool, mencionó que el Municipio de Solidaridad en los últimos cinco años, generó intencionalmente un déficit en su gasto corriente como una estrategia para gastar, no solo los presupuestos que les correspondían ejercer a las últimas dos administraciones, sino comprometer el gasto público de los próximos 20 años.
Adicionalmente, se congratuló por la congruencia que han demostrado los diputados locales de la XV Legislatura de Quintana Roo, quienes han iniciado los procedimientos para dar marcha atrás al “paquete de impunidad” y se permita que la entidad transite por la transparencia y rendición de cuentas y se castigue a los responsables del endeudamiento, la impunidad y la corrupción.