Por: Jesús Amador

Chetumal.- Resulta irrisorio y de muy mal gusto que la diputación permanente de la XVI Legislatura excluyera del orden del día de la sesión de ayer el dictamen con minuta de Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, simple y sencillamente porque en la actualidad el 99.9 % de la humanidad clama o exige a sus gobernantes establecer lineamientos o acciones para eliminar o erradicar la corrupción.

Quizá los 25 diputados deberían anteponer el interés del pueblo quintanarroense por encima de cuestiones partidistas o grupos caciquiles. Máxime cuando la iniciativa que promueve el diputado, Roberto Erales, es de vanguardia, la cual bastante falta hace para regular y transparentar las administraciones de los tres poderes que integran el Estado.

Podemos asegurar que se trata de una Ley que cumple con los estándares requeridos por la exigencia de la sociedad, es una norma parecida a la que tienen otros Estados preocupados por asegurar la transparencia en la aplicación de los recursos económicos como clama o pide el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y que a larga o corto plazo también podría beneficiar al gobernador en turno.

Sería genial para los quintanarroenses que la mayoría de los diputados analicen y retroalimenten el dictamen de citada Ley si así lo consideran necesario, y eviten enviarla a la «congeladora legislativa» porque si esto ocurre, entonces estarían faltando a su palabra de «velar por los intereses del pueblo».

Tiempo al tiempo…

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