Chetumal.- En los siguientes días el Congreso del Estado iniciará el análisis de la iniciativa que propone tipificar como delito la violencia política de género presentada por la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña y que será integrada al paquete de reformas presentada por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Esto con el fin de actualizar los diversos marcos legales para garantizar la protección y dar seguridad jurídica a las mujeres en Quintana Roo en todos los ámbitos, por lo que el tema político no puede ser pasado por alto.
El presidente de la Gran Comisión el Congreso local, Eduardo Martínez Arcila confirmó lo anterior y debido a la importancia de esta propuesta presentada por la presidenta municipal de Puerto Morelos consideró que es necesario analizarla para que durante la revisión de la Ley Electoral y los diversos marcos legales puedan abonar al blindaje de las mujeres que buscan espacios en la política y la administración pública.
Según la propuesta presentada por la alcaldesa de Puerto Morelos se pretende aplicar pena pecuniaria de hasta ocho años de prisión a quienes cometan violencia política de género, aunado a otras disposiciones legales que serán analizadas por los legisladores una vez que sea presentada ante el Pleno del Congreso local.
Eduardo Martínez Arcila detalló que previo a finalizar el actual periodo ordinario de sesiones el 30 mayo llevarán a cabo este análisis, lo que indica que pronto será subido a Pleno, y posteriormente en septiembre próximo continuar con el mismo para que antes de iniciar en marzo próximo el proceso electoral local pueda contarse con este delito a nivel local.
Es importante señalar que Laura Fernández Piña en su momento señaló que fue víctima de violencia política de género y tras esa experiencia y haber sido diputada local decidió presentar la propuesta para que se brinde protección a las mujeres ahora que las reformas legales señalan paridad y equidad en los procesos electorales.
Asimismo en Quintana Roo se tiene documentado y en proceso de investigación una denuncia por presunta violencia política de género presentada ante la Fepade, INE y el Senado por la consejera del Ieqroo, Claudia Carrillo Gasca.