- La resolución es injusta porque el consumidor no tiene por qué pagar cargos adicionales, asegura.
- El gobierno Federal y Pemex están obligadas a absorber los daños ya que no han evitado el delito, aclara.
Palacio Legislativo.- Luego de que en la resolución 179/2017, del pasado 16 de febrero, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determinó que Pemex puede trasladar hasta 0.95% del monto del robo de combustible a la tarifa de transporte que cobra a empresas que le renten el almacenamiento y transporte de petrolíferos, hasta que no se resuelva la situación, la diputada federal Ivanova Pool afirmó que eso es un verdadero abuso.
La resolución de la CRE es injusta y es casi seguro que las empresas que le rentan a Pemex su capacidad de transporte vía ductos y almacenamiento, trasladen esos costos a los consumidores finales mediante el alza de los precios del combustible, precisó.
Al cuestionar cómo el Gobierno Federal en lugar de acotar a fondo la problemática busca subsanar económicamente sus errores a costa del bolsillo de todos los mexicanos, Ivanova Pool indicó que» ya basta de abusos»:
Los ciudadanos no pueden solventar más aumentos y menos aún si esto se debe a la incapacidad que a lo largo del tiempo, algunos funcionarios han demostrado, denunció.
La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados explicó que para garantizar la correcta operación de Pemex es el Estado el que debe implementar los mecanismos para dotar al país de la seguridad que se requiere en todos los ámbitos «y no buscar salidas fáciles que perjudiquen a la ciudadanía’, expresó.
‘La liberalización de los precios de los combustibles y la eliminación de los subsidios representa de por sí una carga considerable para el consumidor, como para que también los usuarios de vehículos automotores tengan que sufragar el costo de los daños ocasionados por el delito de robo de combustible’, reiteró la legisladora.
«En injusto que en cada litro de gasolina o diésel estén incluidos los costos por daños a la infraestructura y las pérdidas económicas que provoque el robo de combustible en ductos, denominado por la CFE como ‘pérdidas no operativas», denunció.
En ese sentido Ivanova Pool Pech concluyó que los gastos destinados a reparar la infraestructura dañada de Pemex así como a mantener seguras sus instalaciones deben ser sufragados por la propia empresa, así como por el Gobierno Federal que ha destinado en los últimos diez años más de un billón de pesos para intentar garantizar la seguridad de la población, inútilmente.