Por: Congreso Q. Roo

Chetumal, 15 de septiembre.- Diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo, unen sus votos para echar atrás reformas que otorgaban privilegios excesivos a servidores públicos.

Chetumal, Quintana Roo.- Por unanimidad de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PRI, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social, MORENA y el diputado independiente, la Decimoquinta Legislatura, se aprobaron reformas para garantizar el Estado de derecho al eliminar privilegios excesivos y restablecer las penas severas para servidores públicos que cometan delitos en contra del patrimonio y buen despacho del servicio público estatal.

En tribuna, el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión aseguró que con estas reformas la Decimoquinta Legislatura cumple con las exigencias ciudadanas de combatir la corrupción y la impunidad.

Además, el Coordinador de la Legislatura destacó la unidad de las fracciones parlamentarias para revocar las reformas aprobadas por la Decimocuarta Legislatura, cuyos integrantes “pisotearon los derechos de los ciudadanos y eso, no se olvida”.

Martínez Arcila advirtió de un posible veto del gobernador Roberto Borge Angulo a estas reformas aprobadas por la Decimoquinta Legislatura, por lo que pidió estar atentos al proceso legislativo.

En su intervención, el diputado del PRD Emiliano Ramos Hernández calificó como un día histórico para Quintana Roo, pues las diputadas y diputados de la Decimoquinta Legislatura han enviado un mensaje de voluntad política para dar marcha atrás a las reformas que tanto han molestado a los quintanarroenses.

El diputado del PVEM José de la Peña Ruiz de Chávez, hizo uso de la tribuna para expresar el respaldo de su partido a las reformas planteadas por los diputados del PAN y PRD, “lo haremos bajo los términos y las condiciones de que los acuerdos que sean en beneficio para el estado”.

En tanto, el diputado del PRI Raymundo King de la Rosa  dijo que su fracción parlamentaria se suman a estas dos iniciativas de gran trascendencia, “vamos a coadyuvar para el buen ejercicio del gobierno”.

El diputado Ramón Padilla Balam, de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza aseguró que la aprobación de estas reformas “representa devolver la dignidad por el bien común que la sociedad tanto demanda».
Al hacer uso de la tribuna, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio del Partido Encuentro Social y el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, reconocieron y felicitaron a las diputadas y diputados del PRI y PVEM por avalar las reformas presentadas.

En la Sesión número 5, presidida por el diputado José Esquivel Vargas, el Pleno Legislativo se aprobaron reformas y derogaciones al Código Penal y reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Entre los artículos reformados se encuentran el 155, 206, 209, 212, 252, 256 y 259 del Código Penal, respecto de las conductas de tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación.

Con esta reforma se busca que la ley penal recobre la posibilidad de cumplir eficazmente con su función, como lo es la protección de los bienes jurídicos más importantes del Estado, revocando la reducción de penas por delitos contra el erario aprobadas por la legislatura anterior para beneficiar al actual titular del Poder Ejecutivo. Ahora, el Código Penal vuelve a establecer penas severas de hasta 10 años de prisión para delitos como aprovechamiento ilícito del poder, administración fraudulenta, entre otros.

En lo que respecta a las reformas a la Ley de Seguridad Pública, se revirtieron las adecuaciones ad hoc al actual sistema de gobierno del titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios afines, para que pudieran gozar de prerrogativas excesivas y por demás ofensivas a la sociedad.

Con el aval de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Decimoquinta Legislatura, se revocaron reformas que, de manera injustificada y atentando contra el correcto destino y la administración del gasto público, se otorgaron plazos irrisorios para goce del servicio público de escolta a servidores y ex servidores públicos del estado.

Ahora para que los ex servidores públicos gocen del servicio público de escolta, requieren haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo. La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, en tanto que el interesado acredite ante el comité que subsiste la necesidad.

De igual forma, se eliminó a los legisladores como sujetos a protección de escoltas y se redujo el número de personal, equipo vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, a no más de la mitad de los que éstos contaban mientras desempeñaron el encargo.

En la misma sesión se aprobó un punto de acuerdo por obvia y urgente resolución, mediante el cual el Congreso del Estado establece las bases para la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, y de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, con relación al Quinto Informe de Gobierno.

Se establecieron los días martes 20 y miércoles 21 de septiembre en horarios de 10:00, 13:00 y 16:00 horas, como las fechas en las que los titulares de las citadas dependencias, comparecerán ante las comisiones ordinarias competentes.

Finalmente, la diputada del PRI Leslie Angelina Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y la diputada del PAN, Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, hicieron uso de la tribuna para pronunciarse en torno al aniversario de la Independencia de México.