Jesús González
Chetumal.- Sin querer la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejó en evidencia mediante un tweet, el doble discurso de la candidata a la diputación local por el Distrito 10 de la coalición, “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, Lili Campos Miranda, quien impugnó una sentencia del Teqroo que en días pasados la amonesto de manera pública por usar infantes sin las autorizaciones respectivas en su propaganda electoral.
La candidata “joaquinista” en días pasados en entrevista se ostentó, como férrea defensora de los Derechos Humanos y las causas justas y aunque aseguró que en su página oficial http://lilicampos.org/ habían propuestas relacionadas con temas de interés social en pro de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad, no hay ninguna; pero además de asegurar quye es una experta en temas legales, violó la ley al utilizar a infantes en su campaña electoral sin que tuviera el consentimiento del padre o la madre de los menores.
Esto representa una clara violación a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y pese a que tanto el Ieqroo como el Tribunal Electoral de Quintana Roo coincidieron en aplicarle medidas cautelares, la ex consejera jurídica del Gobierno del Estado y ahora candidata del PAN, PRD y Encuentro Social Quintana Roo, en su clásica soberbia acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de enmendar su error.
Como es parte del principio de máxima publicidad de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante un tweet dieron a conocer una audiencia para la presentación de alegados relacionados con el expediente SX-JE-91/2019, esto derivado de la solicitud de un recurso de revisión constitucional interpuesto por el representante del PAN para combatir el PES/014/2019 y cuyo antecedente dejamos en la imagen.
Con esta acción, Lili Campos Miranda no solamente deja en evidencia que su desconocimiento de temas legales y la falta de respeto a los derechos de la infancia, sino que además trata de desestimar la función de las autoridades electorales del estado, ya que no es la primera ocasión que trata de intimidar a consejeros electorales y magistrados debido a su cercanía con el Poder Ejecutivo.
Cabe señalar que la candidata a la diputación local por el D-10 también presentó recursos para solicitar medidas cautelares por presunta violencia política de género, mismas que procedieron y con esto quedó salvaguardado su derecho, pero ahora al no ser beneficiada con el acuerdo del Ieqroo y sentencia del Teqroo, intenta presionar para desvirtuar la amonestación y una vez más demuestra que la defensa de los Derechos Humanos y las causas justas solamente lo tiene en el discurso y en la realidad no respeta los marcos legales.
