Chetumal.- Será el 8 de agosto en sesión del Pleno del Poder Judicial cuando lleven a cabo la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado que hasta ahora recae en el magistrado Fidel Villanueva Rivero.
Sin embargo al haber contradicciones en cuanto a lo que señala la Constitución de Quintana Roo y la Ley Orgánica del Poder Judicial, queda la duda de cuál será el marco legal a seguir para esta renovación de la presidencia, tal como lo reconoció el magistrado presidente, Fidel Villanueva Rivero y será en los siguientes días cuando definan aunque desde su punto de vista legal la carta magna local está por encima de cualquier ley.
Según la Constitución local, en su Artículo 99 solo ordena que el Tribunal deberá presidirlo el magistrado que sea designado por el Pleno en el mes de agosto de cada cinco años; mismo que deberá entrar en funciones de manera inmediata.
Mientras que la Ley orgánica del Poder Judicial en su Artículo 39 señala la posibilidad de que en agosto, cada seis años, se elija al nuevo magistrado presidente, y el mismo entre en funciones el primer día de septiembre de ese mismo año; es decir habrá un presidente electo y otro en funciones.
Esta situación derivó de una reforma realizada durante la XIV legislatura a la Ley Orgánica del Poder Judicial para imponer dentro del paquete de impunidad la reelección de Fidel Villanueva Rivero, mismas que dejaron inconsistencias que podrían contravenir la Constitución Política del Estado en los criterios que se utilicen para la elección y la entrada en funciones del nuevo magistrado presidente.
Algunos magistrados como Mario Rivero Aguilar insistieron en su inquietud por las contradicciones que existen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada apenas en marzo de 2014 y la Constitución Política del Estado, a la que también se le realizaron reformas en octubre de 2016, como parte del combate a la impunidad pretendida por Roberto Borge.
En cuanto al todavía magistrado presidente; adelantó que se estarán reuniendo los magistrados para definir cuál será la vía legal para resolver el desfase y las lagunas que podría dejar la contradicción legal que existe y recordó que por Ley y mandato constitucional está impedido para relegirse y continuar en el cargo, así como que todos los integrantes del Pleno pueden buscar la presidencia.