Chetumal.- Desde su llegada al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, el “joaquinista” Antonio Villalobos Carrillo ha convertido a citado órgano colegiado encargado de la dirimir las controversias entre particulares con autoridades en un caos, a tal grado que por primera ocasión en su corta historia enfrenta una serie de renuncias, quejas por malos tratos hacia su personal y hasta conflictos con los arrendatarios de los inmuebles en dónde se ubican las diferentes salas.
Es tal el descaro de citado magistrado que en su informe de labores ante la legislatura ocultó u omitió pagos pendientes por arrendamientos de los edificios lo que ha generado una serie de conflictos y que disfrazó con un falso anuncio de contar con un nuevo edificio, ya remodelado para instalar la Tercera y Cuarta sala unitaria en Cancún. Hasta ahora adeudan la renta correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año.
Además de no pagar las deudas con su arrendatario, Villalobos Carrillo se jacta en resaltar de traer una mega amistad con la gobernadora Mara Lezama, como se los expuso a sus colegas magistrados: Isabel Cecilia González Glennie y Alfredo Cuellar Labarthe, a quienes ofreció interceder ante la mandataria para lograr su reelección, acción que obviamente dudamos porque son de extracción joaquinista y dentro de la estructura de gobierno de la Cuarta Transformación no son bien vistos.
Existen varias acciones para medir la prepotencia y soberbia de Antonio Villalobos, la más recientemente la expone el empresario cancunense, José Ricardo Rodríguez Segovia, quien pidió la intervención de la XVII Legislatura, el Órgano Interno de control y el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del propio tribunal, para lograr que, entre otras cosas, le paguen el adeudo que tienen con él.
El empresario dio a conocer una serie de actos que, desde su perspectiva, constituyen acciones que van en contra de los principios del tribunal, actos de prepotencia y arrogancia, que no deben ser parte de un impartidor de justicia.
Explicó que desde su llegada, sólo una vez ha sido recibido por Villalobos Carrillo y en esa oportunidad le refrendó que él -el presidente- era de todos los afectos de la gobernadora, en un claro tema que nada tenía que ver con la reunión que se realizó para informar sobre el estado del contrato de arrendamiento.
“Lo busqué para hablar sobre la remodelacion del edificio y el pago pendiente de la renta, pero rehuia y el dia que me concedió la cita me hizo esperar dos horas y no me dio la cara”, comentó.
Ahora el arrendatario está condicionado, a firmar un contrato bimestral atrasado, es decir de noviembre y diciembre, para recibir el pago, pues de no hacerlo, no podrá cobrar, en una clara irregularidad de las condiciones que, desde el 2018 se desarrollan cuando el Tribunal rentó la propiedad.
Lo anterior, debido a que no ha cumplido con el pago en tiempo y forma de la renta del inmueble, como sí ocurría con sus antecesores, Mónica de los Ángeles Valencia y Alfredo Cuellar Labarthe.
“Se ha negado a realizar cualquier tipo de acción en pro del ahorro del tribunal, argumenta que no hay recursos porque la Sefiplan no se los entrega. ¿Será cierto, que Eugenio Segura deja sin recursos al tribunal para el pago de la renta?, no lo creo” aseguró el arrendatario.
Lo cierto es que, desde la llegada de Antonio Villalobos el Tribunal de Justicia Administrativa se ve más por conflictos internos, con el personal, y temas que nada tienen que ver con la impartición de justicia, por la falta de capacidad de su presidente.