Por: Jesús González
Chetumal.- Por considerar que dos jueces de distrito han extralimitado sus funciones al grado de transgredir el ámbito legislativo del Congreso de Quintana Roo, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila acudió a una audiencia al Consejo de la Judicatura Federal para exponer los casos ante la serie de presiones hacia el Poder Legislativo.
Aunque el diputado local no dio muchos detalles para no afectar el debido proceso, mencionó como ejemplo lo realizado por el juez quinto de Distrito quien solicitó de manera ilegal le presenten a la brevedad el «pre dictamen» relacionado a la procedencia del proceso de destitución realizado por la Comisión Jurisdiccional contra del magistrado numerario del Poder Judicial, Carlos Lima Carvajal.
«Hay un juez que nos está pidiendo que le entreguemos el pre dictamen del caso que se sigue desde la comisión jurisdiccional que se formó para atender el caso del magistrado Carlos Lima, no hay un antecedente en el país sobre algún juez que le pida al congreso le entreguen el pre dictamen de algún procedimiento», explicó.
Otro ejemplo que expondrán ante el Consejo de la Judicatura, es lo realizado por otro juez, que violenta la soberanía del Congreso del Estado porque les ha impuesto un plazo de tres días para que declare si procede o no el juicio político contra un ex funcionario de la anterior administración, al que también omitió mencionar para no afectar el procedimiento.
Destacó que este último caso es grave porque en la constitución política del estado existen plazos definidos para que las comisiones del congreso determinen si proceden los juicios políticos solicitados. Todo eso y otros temas serán expuestos ante los ministros.
Por otra parte, el diputado local, detalló que la suspensión definitiva emitida por el juez sexto de distrito con sede en Chetumal otorgó al ex alcalde de Cozumel Fredy Marrufo Martin, contra el dictamen de procedencia de juicio político solicitado por el ayuntamiento de Cozumel no se trata de un mandato para desechar definitivamente el expediente, sino que es formalizar la determinación del juez para que el congreso del estado continúe sus procedimientos internos, pero sin resolver en el pleno legislativo el juicio político que se inició por presuntas ilegalidades contra el patrimonio municipal por poco más de 121 millones de pesos.