Por: Guillermo Miranda
Chetumal.- Cada accidente, operativo o detención de un vehículo, llámese motocicleta, automóvil compacto, camionetas y hasta camiones, volquetes y tráiler, son un jugoso negocio para Grúas del Carmen y algunos elementos de tránsito.
Las quejas desfilan de los usuarios ante distintas autoridades, estatales y federales sin que nadie tenga la capacidad legal ni la voluntad de poner freno a estos abusos y actos de corrupción en contra de los ciudadanos que se ven involucrados en un accidente vehicular u operativo dentro de esta ciudad.
Diversos casos de abuso, propician esta y otras compañías grulleras, que hacen extensas cuentas y por todo cobran: abanderamiento, maniobras, banderazo, custodia inicia y el traslado, conceptos que van desde los $2 mil 500 hasta 4 mil 800 pesos, esto sin sumarle la estancia de en promedio 35 a 48 pesos por día en sus corralones.
Uno de los casos que llamó poderosamente la atención fue el accidente del pasado lunes 17 de septiembre, que le ocurrió a un motociclista, mismo que fue arrollado por un carro propiedad de un agente de seguridad pública. Los hechos acontecieron en la glorieta del monumento Leona Vicario e irresponsablemente se dieron a la fuga.
Pero que gracias a las redes sociales fue identificado el vehículo y al poner su querella el afectado, la propietaria de dicho carro fue a intimidar a la pareja que estaba convaleciente en el Hospital General, por lo que reconocieron su culpa.
La historia se complica ya que al acudir al corralón de Grúas del Carmen, donde Tránsito determinó llevar su motocicleta, por liberarla (pese a ser la víctima) le cobraron la cantidad de tres mil 900 pesos, por solo cuatro días de instancia y levantarla por la Grúa del Carmen, cuando el precio de otras compañías en caso de motocicletas no excede de los 500 pesos.
Otro de los caso fue el accidente del 5 de septiembre sobre la calle Manuel Acuña, donde el Chevy gris y el taxi 420 se vieron involucrados, según testigos en una sola Grúa del Carmen fueron trasladados los dos vehículos (ambos perdían circular) al corralón de su propiedad.
A cada uno les cobraron por banderazo, custodia, traslado, maniobra, abanderamiento y la estancia de más de 20 días, la cantidad en su conjunto de 9, 640 pesos más IVA. Un total robo.
Todo un robo al despoblado que ninguna autoridad puede frenar o no quiere frenar por alguna razón de dividirse las jugosas ganancias, ya que fiscalmente al emitir una factura lo hacen por un traslado, mientras la otra parte la negocian entre policías corruptos y el dueño y trabajadores de Grúas del Carmen.
De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, el accidentado o alguna persona de su confianza puede solicitar la grúa de acuerdo a sus propios intereses, lo que no ocurre actualmente, ya que la dirección de Tránsito asigna a una compañía por cada accidente y recibe -según los propios grulleros- y otros policías que no le entran a la corrupción, el porcentaje del 20 por ciento por cada accidente donde se utiliza loa servicios de la grúa.
El asunto es que los afectados, principalmente, motociclistas, dejan en el abandono sus vehículos en los corralones, ya que muchas veces sale más caro liberarlos que las reparaciones a realizar.
Otro ejemplo de la terrible corrupción es lo acontecido el pasado lunes a un motociclista que conducía sin licencia, cuyo vehículo fue subido a las Grúas del Carmen de manera manual, es decir encendida y circulando hacia la plancha, sin que hubiera “arrastre ni maniobra”. Los hechos ocurrieron a las 7 horas del lunes 24 de septiembre. Para las 15 horas, el afectado ya debía 2 mil 800 pesos, ya que le cobraron custodia de la motocicleta, traslado, un día de estancia, banderazo, abanderamiento y maniobra, por tan solo 8 horas, un total robo.
Trascendió que la PROFECO cuando se levanta una queja tiene que haber una relación contractual, que se comprueba con la famosa hoja de inventario en donde en audiencia logran una conciliación, para que ajustados a las tarifas de la SCT entonces se haga un cobro justo, lo más apegado a derecho.
Sin embargo la mayoría de los accidentados cuando los conductores son trasladados a la dirección de Tránsito o a un hospital y no obtienen la hoja amarilla, quedan en total indefensión, ya que la PROFECO no puede entrar y mucho menos La Fiscalía Genera o Tránsito del Estado, como le aconteció al dueño del taxi 429, cuyas inicias son: A.V.R.