Puerto Morelos, Quintana Roo, a 12 de mayo de 2017.- La regidora Ludivina Menchaca pidió a autoridades federales seguir impulsando acciones para proteger a periodistas de agresiones, que en últimos días se han intensificado.
Además, dijo, con la designación de nuevo titular de la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, se agilicen la investigación de todas las agresiones y muertes de comunicadores.
En este sentido, recordó que en marzo pasado, tres periodistas fueron asesinados: Miroslava Breach en Chihuahua, Cecilio Pineda en Guerrero y del veracruzano Ricardo Monlui Cabrera.
Además, organismos como Artículo 19 contabiliza 103 homicidios de periodistas en los últimos 17 años y que la FEADLE es «completamente ineficiente», pues de 2010 a 2016 inició 906 investigaciones de las 2 mil 20 que documentó la agrupación, apenas el 44.85 por ciento.
Y además, apenas en febrero pasado, Reporteros sin Fronteras puso a México como el país más mortífero del continente americano para los periodista.
Por ello, dijo que es imperativo poner en marcha las acciones que se requieren entre los tres niveles de gobierno, para que las autoridades protejan a los comunicadores.
Periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en «el peor momento de su vida profesional», no sólo porque las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes.
La regidora consideró que la violencia contra periodistas «se ha intensificado en México y tiende a agravarse», sin embargo lo más lamentable es que estas violaciones han quedado casi en su totalidad impunes.
Señaló que dadas las condiciones de violencia e inseguridad que prevalecen en gran parte del país, la labor periodística ha dado cuenta de la misma, de manera valiente y responsable, con el fin de mantener informada a la sociedad mexicana.
«Los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas, encaminadas a silenciar su labor informativa, son incompatibles con los derechos fundamentales de los comunicadores, porque la libertad de expresión es un indicador del nivel de consolidación de la democracia en un país, y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales», concluyó.